40
Juicios y más juicios - Presos y más presos
Caso Waorani
1. “Quousque tándem abutere Catilina”. Cito una frase de Cicerón en el Senado de Roma, que se traduce: “Hasta cuándo van a seguir abusando impunemente”. En la provincia de Orellana, del Oriente ecuatoriano, capital Francisco de Orellana (Coca), existen, nada más ni nada menos que una cuarentena de indígenas enjuiciados, entre kichwas y waorani. Además de todo, están los Tagaeri-Taromenani privados de libertad en su propia tierra, escondidos en la selva del Yasuní; más los confundidos waorani, presos en sus casas de Dicaron, pues no se atreven a salir temerosos por la persecución del sistema judicial. Ellos no conocen las leyes nacionales ¡Cosa inaudita!: un Estado que no les defiende acusa de genocidio a un pueblo de contacto reciente. Todos encausados por delitos tan execrables como sabotaje, terrorismo u homicidio, cometidos en torno al “amo petróleo”, causa de la debacle en la que se encuentra el país y considerado como su tabla de salvación.
Los señores jueces, fiscales y abogados de Orellana y Pastaza parecen divertirse embrollando a los waorani en asuntos judiciales inverosímiles, haciendo el juego a petroleros y al Estado. Están batiendo varios record: tienen a una treintena de waorani presos o con orden de prisión (20%). Los waorani conforman una pequeña nacionalidad de unos 2000 individuos en peligro de extinción. Les han impuesto nada menos que 5 o 6 juicios (genocidio, homicidio, sabotaje y terrorismo). Dignos de figurar entre los record Guinness de la “gente dura”. Ellos se reconocen como “gente amiga”. Muchas ONGs se hacen lenguas de ellos, considerándolos los guardianes de la selva, pueblo tenaz, guerreros indomables, la reencarnación del jaguar, los últimos indios libres… Sin embargo se les somete a brutales tropelías y desprecio de la dignidad de las personas y del derecho de un pueblo a vivir, como manda la constitución y el Derecho Internacional. Es una situación flagrante de impunidad sobre la que nadie mueve un dedo, aunque sí la lengua. Hagamos honor a sus nombres ultrajados:
Del grupo Dicaron, Yarentaro: Araba Comenguai Omewai, Awa Boya Iteca, Bahua Caiga Wilson Enrique, Boya Ginenewe, Omewai Tega, Caiga Baihua Tague, Minico Mihipo Inihua, Nampahue Coba Cahuiya Ricardo, Omeway Dabe Enguime Fernando, Omeway Dabe tewime Beseme, Pantobe Cue Buyutai, Quihuiñamo Mena Buca, Tocari Coba Quimontari Orengo, Tocari Itega Cohue, Venancio Yeti Orengo, Tami Paal Velene Emou, Temanta Batingare Quemo, Tementa Belango Huane (17).
Juzgados y condenados por delito de genocidio, (20-9- 2014), cumplieron su ilegal condena en la prisión de Sucumbíos y últimamente en el Centro de detención de Coca (Orellana). Absueltos de ese delito por falta de evidencias, son de nuevo enjuiciados (2015) por delito de homicidio, por lo que se reinician las investigaciones. La fiscalía se mantiene en un limbo jurídico intentando buscar la quinta pata al gato. Todo esto va para los tres años y nada sabemos de las causas del problema ni se establecen responsabilidades. Hasta la fiscalía duda si hay delito, porque a pesar de todo lo que saben, no aparece el cuerpo del delito, según dicen. Solamente ese castigo inexplicable que se les impone con toda impunidad, a pesar de las declaraciones de la Corte Constitucional, abogados defensores, algún juez que fue removido de su cargo, defensores públicos, abogados de DDHH. ¿Quién está detrás de tanta arbitrariedad e ilegalidad para que se dé tal impunidad?
Puntualizamos lo que se debía investigar y no se hizo ni se hará. La fiscalía evita toda investigación previa de los puntos clave y llena miles de folios con asuntos que no vienen al caso. En estos sucesos se dijo dónde y lo qué se debía investigar, dónde se podían encontrar las evidencias (el Fiscal General y las niñas avisaron). Pero todo se puso bajo investigación y al estar bajo investigación, nada se podía adelantar ni concluir.
Por fin el caso aterrizó en la CIDH. Fue penoso escuchar el juicio. Cada uno iba por su camino, con sus discursos preparados dijeron lo que tenían que decir: Alicia Cahuilla por su lado rogaba al gobierno que retire a los petroleros del Campo Armadillo, de lo contrario sus hermanos Tagaeri-Taromenani iban a morir, Moy Enomenga defendió las tesis del Estado y de los petroleros a través de proyectos negociados, los abogados demandantes y los abogados del Estado con sus flamantes CDs se perdieron en sus argumentos, la Comisión de DDHH escuchando la bronca de ese largo peregrinar desde la selva, por los áridos caminos de la intriga y el juego de serpientes, cadenas de esclavitud y escalones legales que uno se cansa de subir peldaño a peldaño. ¡Todos ponen su pica en Flandes! Los representantes del Estado hacen su paripé y lamentan que nunca habían pensado que el petróleo fuera el causante de todo. Ellos lo han hecho todo bien. El Estado ha cumplido. ¿Qué les cuesta anunciar las soluciones, si ya todos saben cuáles son? Para el Estado la única solución es que desaparezcan. ¡Otra vez topamos con la pared! No será la última decepción “¿Quién se preocupa por siete indígenas en contra de los recursos de un país?”. Una pregunta respondida contra la difícil situación de estos pueblos minoritarios.
2. Caso Waorani Bataboro, Orellana, 8-01.2015, Nro. 22251-2015-0006
El Sr. Fiscal ordena la prisión preventiva por delito de sabotaje y terrorismo (luego anulado este último) en las instalaciones de la compañía petrolera PETROBELL, contra 7 miembros de la nacionalidad waorani. Hacemos honor a sus nombres ultrajados:
Ima Enqueri Richard Tocano, Bay Nihua Carlos Nenquihui,Paa Enqueri Jorge Oroqui, Nihua Ima César Yatehue, Ima Enqueri Wilson, Ñihua Yeti Byron Edison, Bay Guiyacamo Juan Alberto (7). Copio párrafos del juicio:
“La defensa dice que la motivación no es satisfacer requerimientos de orden personal e institucional sino la Constitución, se violentó el derecho de motivación; en el Acta no existe un solo elemento que justifique el delito de sabotaje, la fiscalía no determina flagrancia, lo que se hizo fue ilegitimo y arbitrario… sobre personas protegidas por el principio de interculturalidad, la detención preventiva no es aplicable (Corte Constitucional del Ecuador, Nro. 072-14-CN). Además que “los operadores de la empresa había paralizado las máquinas de producción petrolera por temor a ataques… abandonaron las instalaciones paralizando la producción petrolera de once (11) pozos, hay evidencias. Circunstancias en las que fueron detenidos los procesados y presentados el 8 de Enero del 2015 a las 10,30 a la audiencia de calificación de flagrancia. No se presentan documentos de que los waorani paralizaron la maquinaria petrolera, ni heridos, ni detención de camioneta. La Fiscalía dicta prisión preventiva por existir daños contra el Estado y se emiten las sentencias penales sobre cada uno”
Es decir se comprueba el sabotaje hecho por los mismos trabajadores de la empresa Petrobell y se aplica sin merecerlo a los waorani, que fueron detenidos cuando salían de una reunión con representantes de la compañía. Los dirigentes waorani por sugerencia de los gobernadores de Orellana y Pastaza fueron de buena fe para discutir las faltas de Petrobell por el incumplimiento de los acuerdos y por los maltratos que reciben sus comunidades (día 6). Ahí los detienen. Cuando los compañeros que estaban fuera de las instalaciones (unos 60) ven la detención, inician las protestas reprimidas por 120 soldados y 50 policías comandados por el gobernador de Pastaza. Los militares vinieron del batallón Montecristi de Tiputini en varios helicópteros. Tiputini está a más de 300 Kms. Del lugar de los hechos. ¿Los gobernadores son para apoyar a las petroleras o para reprimir al pueblo?
¿Cómo se explican estos hechos?: Los waorani dicen que los militares llegaron en helicópteros, apuntando las armas y fueron dispersados por los soldados y policías con gases lacrimógenos y balas de caucho. Los waorani se defendieron: “desde el punto de vista legal, en la resistencia no hubo flagrancia. Los dirigentes waorani estuvieron reunidos con los empresarios y fueron arrestados allí, fuera del campo petrolero”. ¿Cómo pudieron apagar los pozos? La represión se centra especialmente en los dirigentes waorani. Son enjuiciados algunos meses más tarde por los señores militares (24-11-2015 se da la sentencia) en la que se condena a dos dirigentes waorani Wilson Ima Enqueri y Richard Ima Enqueri por el delito de homicidio en el grado de tentativa, por el procedimiento abreviado: Es decir obligados a reconocer la culpabilidad a cambio de la disminución de penas, de 10 años a 4 meses de prisión, además de 8 meses de trabajo “comunitario” limpiando el campo petrolero Cachiyaku y a pagar de forma individual e inmediata (30 días) la reparación integral a las víctimas por el monto de dos remuneraciones básicas del trabajador en general, en favor de cada uno de los señores militares, por cuanto el personal militar en el mes de enero de 2015, cuando se realizó un operativo para tomar control de la situación en la Compañía Petrobell ha recibido impacto de perdigones por parte de “dirigentes” de la comunidad Bataboro y han resultado heridos varios miembros el ejército ecuatoriano (6 militares) ¡Qué barbaridad!
Toda esta escalada de violencia contra el Parque Nacional Yasuní y los pueblos que viven allí (Kichwas, Waorani, Taromenani-Tagaeri, Shuaras) comenzó cuando la presidencia de la nación se alineó en torno al sector petrolero y minero. Se endurecieron las penas en el Código Orgánico Integral Penal. Se criminalizó la protesta que pasa a terrorismo; el bloqueo de carreteras y la toma de instalaciones se tipificaron como sabotaje y los derechos de interculturalidad a prisión preventiva, prohibida por ilegal y arbitraria por las leyes internacionales (OIT). Esta protesta ocurrió en territorio waorani por lo que está bajo su jurisdicción cultural. Todas las protestas surgen cuando las compañías petroleras no cumplen los compromisos de compensación. ¿Por qué los gobernadores y fiscales no hacen cumplir estos compromisos, escritos u orales? “Nunca han apoyado un juicio para determinar la culpabilidad de las compañías petroleras”. Esto se llama impunidad.
Los juicios abiertos están llenos de contradicciones: hay confusión de fechas (5, 6, 7, 8 de Enero), de partes y de informes. Parecería que la reunión con los gobernadores y personeros de la compañía fue una emboscada para los líderes, ¿Se buscaba generar una protesta para intervenir? Es una forma común de actuar del poder: un mensaje claro para los waorani: estamos en vuestro territorio y los que mandamos aquí somos nosotros y las compañías. Los waorani no apagaron los pozos como se lee en el juicio. No tienen conocimientos técnicos para operar los interruptores eléctricos. Por lo demás, Petrobell es una empresa privada ¿Cómo dice el Estado que un ataque contra la compañía es un ataque contra el Estado? ¿Qué ataque? ¿Se alinea con las compañías privadas? Alguien dijo que “los procedimientos legales estaban siendo presionados directamente por el gobierno y no por la empresa”. Las primeras informaciones dicen que los indios estaban semidesnudos y mostraban lanzas y cerbatanas, pero en la reciente acusación se citan escopetas, revólveres y carabinas, que ni aparecieron en la evidencia ni se hicieron las pruebas de parafina ¿Quién disparó los perdigones contra los chalecos antibalas?
3. Otro juicio más. Caso Sandra Buganey Bay y compañeros. Proceso 16281-2014-1071 contra David Ahua Enqueri Ima, Sandra Bugenei Bay Guaiyacamo, Pablo Hawin Bay Guaiyacamo, Mario Juany Guatatoca Ima por delito de homicidio de dos trabajadores de Ecuador Estratégico, muertos a lanza en el campo petrolero de Petrobell. Sandra Buganey entró en furia cuando su hijo de 10 años murió por ahogamiento. Parece que en el centro de salud no se pudo hacer nada. La madre al no entender las explicaciones del personal sanitario (su idioma es wao tiriro), arremetió con sus parientes contra los primeros que estaban cercanos. El caso se lleva en Puyo (Pastaza). Están llamados a juicio desde el 4 de Noviembre del 2014 y ni se han presentado ni se han defendido. Solamente Sandra Buganey Bay ha sido detenida con orden de prisión preventiva. No consta su ingreso en la cárcel, fue llamada a juicio el 27-11-2015, los demás siguen prófugos ¿Se les ha explicado la situación jurídica a los procesados? ¿Se les ha notificado sobre el deber de presentarse?
Persiste el problema del principio de interculturalidad que hace ilegal y arbitraria la orden de prisión preventiva. Por otra parte no se cumplen las normas del código de conducta que rige para todos los trabajadores de las compañías para estar precavidos, ni las medidas cautelares. La situación en los bohíos waorani de la zona es muy delicada. Hay demasiada impunidad y furia contenida.
Achakaspi
170399901-9
7-12-2015
