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Justicia y Derechos Humanos

de los pueblos indígenas amazónicos

La situación de los derechos humanos y de la naturaleza que presentan las comunas indígenas kichwas, waorani, shwaras, sionas, secoyas y cofán en relación a sus territorios ancestrales, a su desarrollo autonómico, económico, cultural y su indefensión judicial en el contexto político actual de la amazonia ecuatoriana, no es positiva. Me refiero a los derechos según la Constitución, la Consulta de las Naciones Unidas y la Convención Internacional de la OIT, 169.

Sabemos sobre los pueblos indígenas de la región porque vivimos con ellos ininterrumpidamente desde hace más de 50 años, antes de la llegada del petróleo y de la colonización. Son muchos años de convivencia diaria que nos permite analizar la situación con amplio conocimiento de sus aspiraciones históricas negadas, que no difieren mucho de las de cualquier persona en lo que se refiere a los derechos mencionados.

Durante esos primeros tiempos, que abarcan muchos y largos años, en la amazonia no estaba presente ni el Estado ni sus instituciones. ¡La amazonia es un mito!, dijo alguien y le creyeron. Se hacían representar por el ejército y las petroleras: ellos eran e imponían la ley. En este ambiente, vacío de presencia estatal, se fortaleció y creció en completo libertinaje el sistema petrolero y de extracción de recursos naturales que gozaban de poderes absolutos para su explotación. Se dio la toma de tierras por la colonización según la ley agraria de “tierras baldías y colonización” (1964). La amazonia era “una tierra sin hombres para unos hombres sin tierra” rezaba la propaganda de INCRAE (Instituto Nacional de Colonización de la Región Amazónica dirigida por los militares, que invitaba a su ocupación y conquista. A la colonización que avanzó como reguero de hormigas arrieras por las carreteras petroleras, se siguió la creación de ciudades y de grandes poblados mestizos que fueron surgiendo en torno al eje petrolero Texaco-Gulf y a la carretera Lago Agrio-vía Aucas.

Los pueblos indígenas siguieron invisibilizados y sin derechos, en situación de ilegalidad y de dependencia de la colonización. Se tuvo que luchar (con muertos y todo) por sus derechos fundamentales: a la libertad, a la organización comunitaria, a los territorios ancestrales, a la lengua, la educación, la salud… Se hizo muy dura y penosa la pelea por la libertad y los derechos en contextos políticos colonialistas. A pesar de la revolución ciudadana, aún constará tiempo y sangre hasta que se consiga su implantación equitativa en todos los pueblos indígenas amazónicos (incluidos los wawrani, tagaeri-taromenani). Por lo pronto, el tristemente famoso juicio a los 17 waw, que primero fue genocidio sin juicio pero con cárcel, luego sobreseimiento preventivo sin cárcel, ahora por arte de la pluriculturalidad es homicidio sin cuerpo del delito a investigar. Luego veremos lo que será, lo más seguro es que quién sabe. Lo van a eternizar hasta que se acaben, los exterminen y nos olvidemos de ellos.

La lucha actual en la amazonia no es por los derechos humanos y culturales indígenas, ni por los derechos de la naturaleza, ni por la justicia social. Es un discurso tras otro de hermosos enunciados e increíbles pronunciamientos sobre derechos “difusos” del Estado (Yasuni-ITT, Sendero Ecológico, el 1 x mil, ciudades y unidades educativas del milenio, derechos de la naturaleza, carretera húmeda del proyecto Manta-Manaos…) pero de una total indefensión judicial. La justicia está presente con una jurisprudencia clásica y anticuada que no cuadra ni corresponde a conceptos nuevos que guerrean y proponen una problemática amazónica moderna sin llegar a empatar con los derechos que dan la Constitución y los convenios internacionales.

La conflictividad amazónica tiene sus referencias y raíces peculiares en un pasado secular de conquista, explotación y sometimiento, que se perpetúan en el presente, pero sin un esfuerzo mínimo de discernimiento histórico para tomarlos en cuenta ni dar soluciones humanitarias a sus problemas socio-económicos y territoriales. Estamos en una frontera de realidades ecológicas y humanas dramáticas que pobremente se traducen en una retórica de principios, escasa en crítica ponderada y en resultados éticos de DD.HH: una frontera donde chocan las culturas, los valores y los derechos. En la amazonía ¿cuál es el campo propio en el que se mueve la ley? ¿Cuál es la frontera de los derechos humanos y de la naturaleza?: No se quiere definir ni la frontera de la cultura de los pueblos, ni la frontera de los territorios, ni la frontera de la organización autonómica, ni de la frontera ecológica. Estamos varados en los vetustos arenales de los primeros años de la conquista, reproduciendo sus esquemas económicos, político-organizativos y culturales. Es un territorio en el que no ha terminado la conquista que emprendieron los encomenderos españoles hace más de 600 años ¡Ni un paso adelante, todos para atrás!

El quehacer jurídico cotidiano se da en los despachos y bufetes de abogados, en torno a los derechos del “poder” monetario, a la defensa de los privilegios y de las ganancias económicas del Estado y de las empresas y del lucro del capital como motores del “desarrollo nacional”… La justicia hace lobby, se alía con ellos y apoya sus estrategias hasta en los más mínimos e inhumanos detalles: (originando divisiones, firmas de contratos chuecos, constitución de empresas comunitarias viciadas, incumplimiento de compromisos propuestos por los relacionadores comunitarios de las empresas o de las instituciones del Estado…)

Se habla mucho más que antes sobre los derechos humanos y de la naturaleza, pero se los soslaya, se los persigue y sataniza. La estructura judicial en la amazonía petrolera y ecológica aparece como la visión de dos “mundos superpuestos”, de un mundo al revés en el que queremos comenzar a construir la casa por el tejado: somos los mejores, somos más, las estadísticas nos favorecen, vamos a la cabeza del desarrollo, tenemos una tecnología de punta…proclaman los eslogan publicitarios del sistema y se silencian aspectos socio-económicos elementales y esenciales, se confunde el árbol con la selva, se planea majestuosamente por encima de inmensos vacíos de calidad humana y estructural, pero sin puentes…

De ahí la necesidad imperiosa del ejercicio correcto (ético) de la justicia. La ética no está en la ley, sino en el profesional de la ley, tanto en el que la hace como en el que la aplica. Si el que hace las leyes y el que las aplica no son éticos, la ley se convierte en jurisprudencia (verborrea), sirve a intereses. Es notoria la indefensión de las poblaciones indígenas: los derechos de las comunas y de los individuos originarios no se pueden defender, pues tanto la propuesta legal como su defensa están viciadas y contaminadas de ilegalidad: en la fuerza del poderoso y en la corrupción de la economía. Se preocupan de la ley y se despreocupan de la justicia. Más bien se despreocupan de la ley. La ética, que en el discurso se resuelve y explica por un rígido e inhumano moralismo legal, en la práctica se traduce en condena al falto de justicia. “¡La ley está hecha para los del poncho!”, dice el refrán ecuatoriano.

 

Achakaspi

1703999819

16 de Junio del 2015


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