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¿Tierra de nadie?

Verónica Potes

En una conversación sobre los pueblos en peligro por la explotación del Yasuní, Fernando Ponce criticaba que en el imaginario oficial -y popular- “la Amazonía es tierra de nadie”.  Yo coincido con él, ésa parece ser la idea que subyace a la decisión del gobierno y su bloque legislativo. Sólo que la evidencia la contradice.  

La doctrina terra nullius en derecho internacional permite ocupar tierras sin dueño previo; sin embargo, ha caído en desprestigio precisamente porque ha sido (mal)utilizada para legitimar colonización y despojo. El caso del Yasuní es una variante perversa de esa doctrina, que no niega la presencia de pueblos pero que sí niega reconocimiento integral de territorios y consecuencias efectivas a lo poco que reconoce. 

Los pueblos amazónicos existen bastante antes de que “los civilizados” nos enteráramos de su existencia. Han desarrollado formas de vida que responden a su entorno, la selva, y las reacomodan conforme a las circunstancias que se les presentan.  Como cualquier grupo humano, pues. En su caso, esas formas de vida y adaptaciones a circunstancias incluyen tanto patrones nómadas y semi nómadas  como cambio hacia el establecimiento de comunidades.  Este último es un cambio, un proceso más bien, plagado de retos que requieren procesos duros de prueba y error.  Yo creo que nadie en el resto de la sociedad imaginan lo que implica ese paso. En todo caso,  su historia, pasada y actual, es dinámica.  Las relaciones entre esos pueblos y entre los mismos integrantes de grupos se dan tanto en cooperación como en conflicto, según los casos, tiempos y circunstancias (y en los tiempos actuales, el empuje de las actividades de nosotros “los civilizados” es una circunstancia importantísima para entender los conflictos entre grupos en la Amazonía y en el Yasuní en particular). La vida en la Amazonía en el presente y pasado reciente no será de gran despliegue de tecnología en comparación con Occidente pero en tanto entorno social, político, organizativo sí es bastante más sofisticado de lo que “la civilización” imagina. De los detalles pueden dar mejor cuenta los antropólogos y estudiosos, ése no es el punto que deseo hacer. Mi punto aquí es resaltar que la Amazonía no ha sido ni es tierra de nadie. 

Si esto es así y si esa vida y esas relaciones sociales y políticas se han desarrollado independientemente del Estado, la gran pregunta pendiente es cómo se justifica la autoridad que este Estado  y esta sociedad ejercen sobre esas sociedades amazónicas. 

Para el derecho, esa justificación se da a través de:

(1) el reconocimiento, respeto y promoción estrictos de derechos de esos pueblos no entendidos como derechos de individuos sino, y esto es lo complejo, entendidos como derechos de grupos distintos en cultura, idioma, forma de vida y aspiraciones que pueden chocar con la cultura y aspiraciones de la mayoría; y

(2) la consulta previa, libre e informada que funcione a la vez: como instrumento para que los pueblos puedan proteger sus derechos e intereses en decisiones estatales y también como mecanismo de diálogo intercultural en serio entre sociedades diferentes.  Pero aquí no se ha dado esto y entonces sigue pendiente la justificación de la autoridad que el Estado ecuatoriano ejerce sobre esos pueblos que por definición tienen derecho a la autodeterminación. 

¿Exagero? ¿El avance “civilizatorio”  se ha dado básicamente en forma de ocupación de  tierras baldías, intocadas, y por tanto, abiertas a ocupación y en el camino se ha ido topando con grupos humanos con los cuales se han establecido términos de coexistencia de común acuerdo? Pues, no. No es así. Eso quizás quisiéramos pensar pero la historia es distinta.

Tome un mapa de la Amazonía, ubique ahí a los pueblos Siona, Secoya, Cofán, Huaorani, Kichwa de la Amazonía, Shuar, Achuar, Andoa, Shiwiar, Sápara y los pueblos y grupos llamados “aislados” Tagaeri, Taromenane, Oñawenani (y otros de los que apenas da cuenta recién  la antropología) y aquéllos  de los que tenemos registro al menos aunque hayan desaparecido ya.  Para este mapa, tome las tierras tituladas como referencia pero no se limite a las demarcaciones oficiales. Estas demarcaciones también son instrumento de despojo a conveniencia, como veremos más adelante en el ilustrativo caso de los Wao.  A ese mapa vaya superponiendo los distintos mapas de divisiones político-administrativas y de usos de suelo que los no indígenas han establecido ahí.

Empiece sobreponiendo las divisiones político-administrativas y verá que ni las fronteras  internacionales ni las internas reconocieron la preexistencia de grupos humanos, sus territorios y las relaciones políticas entre ellos.  El pueblo Achuar por ejemplo, quedó dividido entre Ecuador y Perú e internamente entre Pastaza y Morona Santiago. En al área peruana contigua a lo que acá llamamos Yasuní hay suficientes indicios de grupos “en aislamiento” (también en alto riesgo de exterminio y también amenazados por la explotación petrolera, por cierto).

Sobreponga luego carreteras, asentamientos de colonos, poblaciones y ciudades, las llamadas áreas protegidas (categoría genérica que incluye parques nacionales, reservas, etc), bloques petroleros, ductos,  y otros usos de suelo legales e ilegales (fincas ganaderas, actividades madereras, mineras,), pregunte  como ocurrió eso y encontrará una serie de instrumentos legales y de política que jamás fueron discutidos, peor convenidos con los pueblos indígenas y verá cómo opera el avance de “la civilización”. Vaya más allá, observe en el mismo mapa dónde se dan más estas intervenciones y podrá ver la diferencia entre la Amazonía Norte (petrolera) y la Centro Sur (no petrolera. aún ).  En las dos están afectados los pueblos indígenas y el entorno natural, sin duda. Pero la escala y la capacidad de impacto negativo de las actividades necesarias para extraer petróleo no se comparan a las de ninguna de las otras causas de impactos y daños. 

¿Ha escuchado a Alicia Cawila, vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecudor en sus intervenciones a partir de aquélla en la Asamblea?   Puede escucharla aquí aquí. ¿O la de Patricia Gualinga, líder de la comunidad Kichwa de Sarayaku? Aquí. Escúchelas e infórmese. 

El caso del pueblo Waorani es muy ilustrativo. Los Wao reclaman territorios por dos millones de hectáreas entre dos ríos importantes, el Napo y el Curaray (la circunstancia práctica que delimitaba el territorio de los Huao según su forma de vida). Lo que el Estado ecuatoriano les ha reconocido son aprox. setecientas mil hectáreas.   Por eso, no es de loca o desinformada que Alicia Cawila reclama al Estado que antes de seguir tomando decisiones se les titulen sus territorios. Ella está reclamando porque la titulación actual no corresponde al territorio de su pueblo. Y reclama con la razón y la ley de su lado: según la constitución, los Wao tienen derecho a mantener la posesión de sus tierras ancestrales y que esa posesión que incluye no poder ser desplazados, se concrete en títulos de propiedad imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible. ¿Delirios etnocentristas míos, oposición ciega al gobierno? NO. Constitución del Ecuador, art. 57 numerales 4, 5 y 11. 

¿El pueblo waorani es libre de disponer aunque sea de ese territorio reducido según sus prioridades, su cosmovisión, sus intereses, sus valores, y sus necesidades aún cuando éstas puedan no coincidir con las aspiraciones de la mayoría? 

La respuesta es: no. Y menos aún en esta última situación que es ¡justamente cuando más sentido tiene alegar un derecho!

Resulta que según la constitución ecuatoriana, los recursos del subsuelo son del Estado y eso parece ser excusa suficiente para que los gobiernos decidan unilateralmente emprender extracción en incumplimiento de toda la normativa internacional que les impone altos estándares de conducta. Estos estándares incluyen el de obtener previamente el consentimiento de los pueblos afectados al menos en casos de grandes inversiones con grandes impactos potenciales, como es el caso de la explotación petrolera . 

La tragedia actual del pueblo Wao (mendigar y extorsionar como formas de vida, disfuncionalidad en su mundo y en el mundo mestizo, y ahora hasta ser verdugos de otros pueblos tan o más afectados que ellos) está ligada al contacto, el empuje de la “civilización” y sí, la explotación petrolera. Es a partir de la experiencia de los Wao, otrora respetados, que otros pueblos rechazan los planes extractivistas del gobierno:  exhiben sus planes de vida e indican cómo en esos planes no hay cabida a las actividades extractivistas.  

A eso súmele que a pesar de que los wao tienen derecho a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de autoridad propia en sus territorios Y tierras en posesión ancestral (57.9) y que esto podría hacerse efectivo con la constitución de una circunscripción territorial, CTI (art 60), en la práctica esto no se da.  Cuando Alicia Cawila reclama porque  los beneficios de la explotación de los bloques van a ir a las juntas parroquiales y no a los Wao, reclama con razón. Las nacionalidades indígenas no ejercen en la práctica ninguna autoridad política oficial. Las ayudas que el gobierno ofrece y la asamblea aplaude para justificar la autorización a la explotación del Yasuní, si se dan  se canalizarán a través de estructuras de autoridad que no son Wao. Valiente autonomía ésta, ¿no?

Pero qué pasa, además. Resulta que en esas áreas también están pueblos con los cuales el Estado ecuatoriano no tiene relaciones sostenidas. Pueblos que no se manejan bajo conceptos de “estado”, “derechos y deberes”, “constitución”, etc.  Que no se consideran sujetos a la “majestad presidencial”. Y a la vez, pueblos que no reciben ningún beneficio concreto de ser parte de la sociedad o estado ecuatorianos  que al menos podría permitir hablar de alguna forma de pacto social. Pero, que en cambio sí reciben impactos negativos de los avances de “la civilización”: contaminación, riesgo de contagios, reducción de posibilidades de caza, pesca,  presión territorial directa o indirecta (presión a otros pueblos que a su vez los presionan a ellos, como es el caso actual), riesgo real de exterminio y/o etnocidio.

Ante eso, como ya lo dije en artículo anterior por aquí mismo, el Estado ecuatoriano tiene deberes que cumplir con esos pueblos y el deber fundamental es justamente identificar el lugar concreto al que están ligados esos deberes: el territorio concreto que debe proteger el Estado para cumplir con las obligaciones de respeto a la vida, autodeterminación y voluntad de permanecer sin contacto de los pueblos. Pero el Estado dice que ya cumplió cuando demarcó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane y se hace el desentendido cuando se le indica que ante los evidentes errores en esa demarcación tiene que retomar la tarea. Con mayor razón si es que los “errores” no fueron realmente tales sino opción de mal menor, como indica gente que participó en esa demarcación.

¿Y qué pasa si esos territorios de estos pueblos se traslapan con territorios reclamados por los Wao como estamos presenciando? Entonces, pasa que el Estado no puede lavarse las manos diciendo que “eso es problema entre indígenas” y peor pretender que en ese problema no hay un trasfondo de responsabilidad y violación de derechos a TODOS los pueblos afectados por el avance de la civilización y sus actividades autorizadas (como la extracción petrolera), permitidas (como la colonización, avance de fronteras agrícopecuarias) y no controladas (minería y tala ilegales).  Este problema de territorialidades compartidas entre pueblos enemistados es muy serio y seguir autorizando actividades que evidentemente han contribuido al problema y lo exacerban es una decisión idiota o perversa. Y en cualquier caso, violatoria de derechos. 

Si ya el Estado incumplió con el deber primero y relativamente fácil de no interferir con los derechos territoriales de los pueblos indígenas amazónicos ahora le toca intervenir para cumplir con el deber no tan fácil y ciertamente costoso de remediar los daños sistemáticos causados a esos pueblos para que puedan todos ellos gozar plenamente lo que les corresponde. ¿Para eso necesita explotar lo que queda del Yasuní? NO. Los recursos que requiere para eso los debe obtener reasignando la renta petrolera que ya está ingresando (incluso por actividades en mismo territorio Wao),   Eso sería redistribuir, distribuir algo de nuevo o de manera distinta a como estaba distribuido (no es necesario producir más como afirma el “genial” informe de la Comisión de Biodiversidad). Pero esto, remediar los daños causados a los pueblos indígenas para que puedan gozar sus derechos plenamente no es puramente cuestión de dinero. El acceso al dinero, o mejor dicho, la incorporación de estos pueblos a una economía dineraria, de mercado, ha sido tremendamente problemática para ellos. Los Wao justamente son ejemplo de eso. Lo saben muy bien los petroleros que los conocen y que tienen que acceder a sus exigencias materiales para poder operar en paz. 

¿Hablar de esto es pachamamismo, ecologismo infantil o etnocentrismo? No, señores. Esto es hablar de derecho. El derecho internacional y ecuatoriano de los titulares de la Amazonía. Que no es “tierra de nadie”. Y es hablar de filosofía política y de justicia. 

 


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