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Caso waorani:

se multiplicaron los conflictos en 365 días

Milagros Aguirre

 

A un año de la tragedia de Ompure y Buganey, la pareja de abuelos waorani que murieron con lanzas en una emboscada de miembros de un grupo sin contacto, y, como consecuencia, el ataque a fines de marzo, para consumar una venganza y la presencia de dos niñas en esas comunidades,  ¿qué ha pasado con el caso?

Donde hubo un conflicto –tageri-taromenani/waorani, se han creado nuevos y variados frentes: una situación que no beneficia a la construcción de la paz ni a la resolución de un conflicto interclánico ni tampoco favorece a las medidas de protección o medidas cautelares… Al contrario, los conflictos de hoy favorecen al silenciamiento, no representan obstáculo alguno para la voraz actividad petrolera y los mega proyectos, ni siquiera involucran mínimamente al Estado en cuanto a su impericia en el manejo del conflicto en la zona.

Luego de un año, ni se llegan a las causas profundas del problema ni se establecen responsabilidades, salvo, el castigo, que parece implacable, contra miembros de un grupo indígena en contacto inicial, marginados históricamente de la sociedad nacional, al que ahora mismo se mantiene en un limbo jurídico. Es decir, a una injusticia, una injusticia mayor. Eso sí, el silencio acerca de una selva demediada y cada vez más estrecha, unos habitantes cercados por el apetito de sus recursos naturales, sobrevuelos misteriosos, alimentos o insumos hallados en las chacras y casas donde habitan los grupos aislados, la cercanía de éstos con la frontera colona… hasta ahora, ni una propuesta de reparación integral ni un camino claro por recorrer en la protección de los más débiles.

 

Los detenidos, los prófugos y sus familias, en la incertidumbre

Ocho meses tardaron las autoridades en tomar alguna medida.  La medida, por lo pronto, consiste en todo el peso de la ley ecuatoriana, es decir, del Código Penal, sobre algunos de los waorani de las familias de Dikaro y Yarentaro, quienes, a duras penas, saben leer o escribir, que tienen menos de 40 años de contacto con la sociedad nacional, que desconocen la ley, que actuaron de acuerdo a sus antiguas tradiciones guerreras e hicieron lo que creían que debían hacer (venganza/castigo contra quienes mataron a los suyos dentro de su territorio), y que ahora están acusados de algo (genocidio) que no pueden entender. Tampoco pueden entender ni quién les apresó,  ni que es una instrucción fiscal, una Corte Constitucional, una audiencia para obtener medidas sustitutivas ni ningún otro término que tenga que ver con la justicia ordinaria.

Seis waorani fueron detenidos el 26 de noviembre, con medida de prisión preventiva por 90 días. Pocos días después, fue detenido otro. Esos noventa días ya han transcurrido. Ellos siguen en prisión, aislados, en una celda de 20 x 20. Comen. Sí. No tienen más visitas que la de sus abogados y las de sus familiares. Salvo la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos, que les dio algunos talleres, y uno que otro funcionario de algún ministerio o la misma fiscalía, nadie ha podido verlos. Ni siquiera el representante de Derechos Humanos de Sucumbíos o de Orellana.

Los detenidos se han enfermado. Desde cefaleas hasta diarreas. Pero sobre todo, permanecen con la incertidumbre de si van a salir o no de prisión y hasta cuándo tienen que permanecer ahí.

Las familias de los detenidos sufren lo indecible. Sus mujeres se han quedado solas, sin sus proveedores, cosa difícil en la selva y en una pequeña comunidad donde todos están emparentados. Salen una vez a la semana a visitar a sus familiares detenidos en la cárcel de Lago Agrio, bastante lejos de su comunidad. Para ello, acuden a la compañía petrolera, que les ayuda con la logística para el traslado y con algo de comida y hospedaje en el hotel Williams en Coca, cuando tienen que pasar la noche o en algún hotel de Quito, cuando tienen que ir a alguna reunión allí.

Los jefes de familia que siguen en su comunidad, casi no salen ni a la chacra por miedo a ser detenidos. Han dejado de hacer cacería. Tampoco salen ni a la ciudad ni al mercado de Pompeya. No tienen confianza en casi nadie. La tensión y la incertidumbre en el llamado “Bloque 16”, lleva ya  más de 365 días.

 

Aparato judicial o la confusión leguleya

El caso tiene 3.000 folios. Así dice el abogado Andrés Acaro, quien se encuentra defendiendo a los acusados. El los defiende con un argumento central: como no hay cuerpos, no hay delito. Hay relatos y especulaciones. Pero no hay evidencias, dice. De la misma manera, el caso de la muerte de Ompure y Buganey está a punto de cerrarse porque no hay a quien culpar ya que los asaltantes ni tienen cédula de identidad, ni se sabe donde están, ni hay manera de llamarlos a declarar. Argumentos jurídicos para un juicio penal de la justicia ordinaria de un tema que evidentemente es extraordiario. Cero argumentos antropológicos que sirvan para deshacer el entuerto. Es decir, cero intento por construir un referente de justicia intercultural que resulte, además, un antecedente y en el que se haga alguna pedagogía 

El abogado de la defensa ha planteado medidas sustitutivas a la prisión preventiva en tres ocasiones. Estas medidas han sido negadas por el juez de Orellana. También planteó un Habeas Corpus, que le fue negado. El dice que acudirá a instancias internacionales. ¿Cuándo? Algún día. Tal vez en unos 20 años, cuando se hayan agotado las instancias nacionales…

El fiscal del caso, Andrés Cuasapaz, lleva la parte acusadora. Hace una semana se realizó una nueva audiencia: los wao creían que se trataba de la definitiva, que ya saldrían libres en pocos días. Era la vinculación a una persona más en el caso, con plazo de 30 días para su captura. Es decir, treinta días más de espera. Luego vino otra audiencia, en Lago Agrio: una solicitud de Habeas Corpus, que también les fue negada.

En el caso hay siete detenidos y ocho personas con orden de captura. Hay una niña “rescatada” y otra niña con papeles en regla en el registro civil. Una mitad cautiva y la otra mitad en la selva. Un montón de papeles que difícilmente se pueden entender los involucrados que, a duras penas, saben leer (los más jóvenes). Una lógica que para los waorani es ilógica. Un proceso difícil de comprender que, además, es lento como es la justicia ecuatoriana, y que se hace más lento por la “complejidad” del caso, como dicen las autoridades cada vez que se les pide una respuesta. “El caso es complejo, se requiere de análisis”.

Parece evidente que nadie sabe qué hacer con la papa caliente. ¿Y los waorani detenidos? Es lo que se preguntan todos… están, digamos, en un limbo jurídico, ahora, hasta esperar que la Corte Constitucional de alguna salida, quién sabe cuándo y con qué criterio. Hasta tanto, los waorani sin saber ni lo que es una instrucción fiscal, ni lo que es un Habeas Corpus, ni lo que es una medida sustitutiva, ni quién ordenó su detención, ni qué quiere decir una Corte Constitucional, un juez, un veredicto. Como cereza del pastel, los waorani se están gastando todos sus ahorros (muchos de ellos eran trabajadores de la compañía Repsol y tenían dinero ahorrado) en una defensa que les promete sacarlos sin mayor éxito.  

 

Multiplicación de conflictos

Los clanes de Dikaro y Yarentaro no ven con buenos ojos a algunos de sus vecinos. No solo a los vecinos tagaeri-taromenani, protagonistas del conflicto,  sino a vecinos de otras comunidades, entre ellas, la comunidad que ahora acoge a una de las niñas.

Sienten que tuvieron, en todo este tiempo, delatores y traidores. Gente que les hizo mal. Que no comprendió su hazaña. Que les engañó con falsos ofrecimientos de “archivar el caso” o que les denunció, a pesar de que las denuncias han ido a la ineficiencia e impericia del Estado en el manejo del conflicto.

En uno de los días de audiencia en Orellana, las mujeres de los detenidos golpearon y agredieron a uno de sus compañeros que, al parecer, intervino en el “rescate” de la niña. Mujeres llorando desesperadas al conocer que no saldrían libres, se abalanzaron contra él y contra algún otro que estaba por ahí, acompañándoles en la audiencia.

Para ellos han ido presos por un libro que ha salido publicado (Una tragedia ocultada), o por una marcha por la paz en la que participaron gentes cercanas a ellos -y en la que se pedía investigación, justicia y garantía para quienes viven en las profundidades de la selva mas, en ningún momento, cárcel para los waorani-. Así les han dicho y les han contado gentes vinculadas con las autoridades y las instituciones encargadas de gestionar el tema, intentando matar al mensajero y echando aún más leña al fuego e incuso poniendo en riesgo la seguridad de terceros.

Ahora no se fían de nadie. Hasta se dice por ahí que una abuela, Tepa, estuvo a punto de morir pues los familiares de los presos le han hecho el mal por medio de algún chamán, creyendo que ella ha participado de las denuncias. 

Donde hubo un conflicto, ahora hay dos, tres, cuatro, cinco conflictos. Un polvorín que puede estallar en cualquier momento y que puede tener otras consecuencias más dramáticas todavía.

 

Tres dirigencias en un año

El primer cambio de dirigencia ocurrió en abril de 2013, en asamblea en la comunidad de Keweiriono. Ahí, Cawetipe Yeti dejó la dirigencia  (él estuvo de presidente de Nawe cuando los sucesos de marzo) y asumió Moi Enomenga, en agosto. En septiembre, el Presidente Correa visitó la comunidad de Guillero en lo que se llamó un Encuentro de Paz: Moi figuraba como el anfitrión. La cita buscaba el beneplácito para la explotación del bloque 43-ITT.

Allí, los presidentes de las comunidades de Dikaro y Yarentaro, entregaron una carta al Presidente pidiendo que se “archive el caso” y comprometiéndose a cambiar las armas por los lápices y los cuadernos. A su entender, hablaron de jefe a jefe. De jefe waorani a jefe del país. Dos meses después, en noviembre, ocurrieron las detenciones y el “rescate” de la niña mayor, que fue sacada de la escuela a la que estaba asistiendo y trepada en un helicóptero que la dejó en el hospital de Coca, mientras la niña más pequeña permaneció y permanece con una de las familias que la trajo de la selva profunda.

La dirigencia, en ese momento, y sin saber muy bien cómo actuar, ha hecho varias peregrinaciones a Quito para hablar con los distintos ministerios  e instituciones: que Justicia, que Gestión Política, que Defensoría del Pueblo, que Fiscalía, que Corte Constitucional, que la Comisión Presidencial creada para investigar el tema de las muertes de marzo. En su actuar la dirigencia ha escrito varias cartas, desde alguna amenazante, declarándose en pie de guerra en caso de que no se liberen a los presos, hasta alguna otra, pidiendo que nadie se meta en los asuntos internos de su nacionalidad.

El reclamo de las mujeres de los detenidos a la dirigencia, la desesperación de no ver resultados concretos a sus gestiones, ha provocado dos asambleas en la comunidad de Miwaguno. Una de ellas, convocada por la organización provincial, más vinculada a los waorani que trabajan en fiscalía, para destituir a la directiva de Moi Enomenga. Moi, por su lado, convoca a una nueva asamblea a realizarse en abril buscando respaldo y mayorías.

Mientras un grupo waorani está seguro de que sus compañeros tienen que ser sancionados con cárcel por el delito cometido y seguir el proceso judicial “cowode” en los juzgados, otro grupo sostiene que los presos deben ser liberados y que tiene que buscarse otro tipo de sanción aunque tampoco han logrado plasmar alguna propuesta.  

 

Instituciones enfrentadas unas, en el silencio, otras…

A un asunto político se lo ha convertido en un asunto puramente judicial. No ha habido diálogo alguno en busca de un entendimiento, negociación o posibilidad de construcción de una justicia intercultural.

Como en una obra teatral, cada institución tiene su papel:

La Fiscalía tiene el papel del verdugo acusador en una primera instancia. Aunque en una segunda instancia tendrá el papel de salvador, si es que la Corte Constitucional encuentra alguna otra salida. La secretaría de Gestión Política, la de mediano acogimiento a las familias waorani. La Comisión Presidencial ha intentado hacer un papel mediador y ha apagado algún incendio, sin mayor éxito.

La Defensoría Pública entró en la escena, buscando dos antropólogos que pudieran representar a los detenidos y abogar por ellos en una de las audiencias. Los detenidos, sin embargo, rechazaron la participación de la defensoría pública. Al menos así alegó el abogado en la audiencia en la que se solicitaba medidas sustitutivas a la prisión preventiva y en el que argumentaba que son los detenidos los que tienen que solicitar esa defensoría pública –y que tienen quien les defienda-.

La Fiscalía anunció públicamente, en diciembre (15), que haría la consulta a la Corte Constitucional. Pero la burocracia se toma su tiempo y el pedido lo haría el 5 de marzo, al año del suceso, dos meses y medio después de anunciado y luego de más de 90 días transcurridos desde las detenciones. Así apareció publicado en la prensa oficial, así lo dijo el Fiscal General de la Nación en su última rueda de prensa. Incluso hizo un llamado al jefe del clan de Dikaro: “Señor A., no soy su enemigo, el que decide la detención es un juez, ayuden a buscar una salida”.

¿Y con qué garantía el señor A. va a ayudar a buscar una salida, si la mitad de los suyos está tras las rejas?

Las instituciones y los ministerios siguen actuando por cuenta propia. Cada uno, con su propia agenda. Justicia con una agenda. Gestión Política con la suya. Fiscalía por su parte. Recursos No Renovables, con la suya propia.

¿Las instituciones de la sociedad civil? ¿Derechos Humanos? Además de Cedhu, que acogió la propuesta de Penti Baihua y de Ome Yasuní y que la hizo pública en una rueda de prensa, y de una carta pública del misionero Miguel Angel Cabodevilla al Presidente de la Corte Constitucional publicada el 23 de diciembre en diario Hoy, ha reinado el silencio. Los distintos colectivos, tan pendientes del Yasuní y de la recolección de firmas para una consulta popular,  han callado, han eludido la posible defensa de los waorani detenidos.  La Asociación Ome Yasuní prepara un Amicus Curae para la Corte.

 

La voz de Penti

Penti Baihua, presidente de la Asociación Ome Gompote Kiwigimoni Huaorani (Ome Yasuní), hizo un pronunciamiento el 13 de enero, en la sede de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. En él, junto a Tepaa, anciana hermana de Tage, y otros compañeros, presentó una carta al Presidente de la República. En ella solicitaban una cita para hablar del tema y de la resolución pacífica a un conflicto que puede tener una escalada mayor.  Casi como una voz solitaria que clama en el desierto, Penti Baihua pidió que se busque un camino de diálogo y entendimiento y, junto a los demás miembros de Ome Yasuní, presentó una propuesta: territorio, libertad de los detenidos, tiempo para resolver el conflicto, no más intromisiones en lo poco que queda de selva, no más bloques petroleros en el Yasuní. En resumen, pidió al Estado que “Deje vivir” a los waorani.  Desde la Presidencia se le dirigió un oficio diciéndole que la encargada de estos asuntos era la ministra Beti Tola, del Ministerio de Gestión Política.

Un mes después, luego de las elecciones de autoridades seccionales, la ministra deja el cargo. Los presos siguen presos. Y los procesos de negociación y gestión de conflicto, continúan en la fila de las carpetas de la burocracia, incluso, el ya sexto censo previsto por el Ministerio de Agricultura para resolver el tema de la llamada “el polígono de la zona roja”, es decir, fincas ubicadas en la frontera misma del Yasuní, que serían vecinas cercanas de dónde se supone habitan los grupos aislados.

 

Medidas cautelares en el lento trajinar de la burocracia

En este tiempo, varios cambios políticos han afectado el proceso. El Ministerio de Justicia ha tenido tres ministros en un año y ahora va al cuarto (Johana Pesántez, Lenin Lara, José Serrano). Los lentos pasos de la burocracia hacen que cualquier intento de reorientar las medidas cautelares, dotarle de presupuesto y de personal para ejecutar los trabajos que demanda para que las medidas de protección sean eficaces, tarda meses.

Hay dos equipos de jóvenes estudiantes haciendo patrullajes en la zona, en rotaciones quincenales: un coordinador y dos técnicos. Hacen patrullajes y monitoreo. Cuando pueden… siempre depende de los buenos vientos y de si se les daña el carro, los motores fuera de borda, la gasolina... todo pasa por las proformas, las compras públicas, los vistos buenos. Aparentemente ya ha sido aprobado el plan de financiamiento con buen recurso destinado al tema de protección debido a un compromiso presidencial.

El Plan de Medidas Cautelares intenta aproximarse a lo que sería el territorio tageri/taromenani, es decir, delimitar y definir, luego de varios estudios, cual sería el territorio en el que se desenvuelven. Sin embargo, aún no dicen, públicamente, cómo van a proteger a esa gente nómada que está en un embudo entre dos vías abiertas en el corazón de la selva y rodeados de enemigos por todos los costados. ¿Agrandando la zona intangible? ¿Achicándola? ¿Cambiándola?

Todo esto sucede mientras nuevas y enormes vías se siguen abriendo en la selva junto a las chacras, mientras siguen volando helicópteros y haciendo desbroces, mientras los planes de que en puerto Providencia, en el río Napo, naveguen embarcaciones “como hormigas en un sendero en la selva”, de acuerdo a una noticia publicada el 5 de febrero en El Ciudadano, órgano de difusión oficial (http://www.elciudadano.gob.ec/puerto-providencia-suena-con-ser-el-puerto-fluvial-mas-importante-del-pais/), o como la apertura de la vía del bloque 31 pese a que, se conocía, ya de hace tiempo, la existencia de una casa de grupos aislados en donde estaba la antigua plataforma Obe.

¿Qué medidas cautelares, concretas, se van a tomar? Todavía estamos a fojas cero en las medidas concretas. La Comisión creada por la Presidencia aún no presenta su informe de investigación y de propuestas y, selva adentro, cada quien toma las decisiones que le parece, según sus propios intereses, muchas veces, con instituciones y entidades que actúan de espaldas unas a otras.  

 

CIDH: dos campanazos

En los últimos meses, al menos dos comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han hecho públicas. La primera, una “Solicitud de Medidas Provisionales a la Honorable  Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con  dos niñas del pueblo indígena Taromenane en aislamiento voluntario” en la que se le pide explicación al Estado ecuatoriano sobre la situación del conflicto y sobre las niñas tageri/taromenani, y la segunda, fechada el 4 de febrero en donde se pide a los peticionarios respondan a cuatro preguntas para evaluar si esas medidas cautelares son todavía necesarias, o no.

  • las medidas de seguridad adoptadas actualmente a favor de los beneficiarios (tageri-taromenani) para proteger su vida e integridad personal.
  • Si se habrían implementado medidas adicionales de protección a favor de los beneficiarios, en el marco del presunto conflicto entre los beneficiarios y los Waorani;
  • si se habrían implementado algún tipo de medidas de apaciguamiento y diálogo con el pueblo Waorani;
  • si se estarían adoptando algún tipo de medidas, en el marco de presuntos nuevos ingresos del pueblo Waorani o de terceros al territorio de los beneficiarios; y
  •  cualquier información que se considere pertinente.

¿Las respuestas? Al menos, en el terreno, son negativas. No se sabe cuáles son las medidas de seguridad adoptadas a favor de los beneficiarios. Son pocas las medidas adicionales de protección. No se ha implementado ningún diálogo –además de retóricas reuniones entre los distintos Ministerios donde se ofrecen muchas cosas y no se cumple ninguna cosa concreta, menos, el apaciguamiento del conflicto. Tampoco se han adoptado medidas, que sean públicas o conocidas por la colectividad, para impedir ingresos de terceros al territorio de los beneficiarios. Es más, aún no se sabe cuál es ese territorio… lo que es indiscutible es que los trabajos para las actividades hidrocarburíferas no se detienen.

 

¿Y los tageiri/taromenani?

Caruhe tuvo una visita de tres jóvenes taromenani. Un encuentro pacífico y amistoso, según se sabe, con algún intercambio. Pero prefirió mudarse de casa, ponerse a buen recaudo. Salió de su casa en el monte y se fue a otra casa, junto a una laguna, a un lugar más seguro. Esto ocurrió a pocos meses de la matanza de marzo.

Hace pocas semanas, un equipo de Discovery Channel que grababa por el río Shiripuno, casi se encuentra con ellos… las huellas de sus pies quedaron frescas en las arenas de una playa… el río estaba muy bajo, para pasar con la canoa tenían que cortar los palo, mientras la canoa estaba parada, el equipo bajó a filmar el paisaje, y vio las huellas frescas. Los acompañantes waorani que iban con el equipo y el guía que los acompañaba se asustaron: ¡vengan! ¡vengan! Prácticamente, se cruzaron con ellos, que, seguramente, o estaban de cacería o estaban recogiendo los frutos de la chonta.

Hay algún otro avistamiento. Trabajadores de trocha de los nuevos proyectos hidrocarburíferos que se han asustado al ver gente desnuda o lanzas cruzadas en el camino. Y dicen, algún sobrevuelo (¿oficial o particular?) en el que se ha contratado a waoranis para identificar alguna casa, chacra o presencia sin que el Plan de Medidas Cautelares esté enterado.

¿Estará algún grupo haciendo lanzas? ¿Estarán preparando una nueva arremetida de venganza? ¿Qué buscan quienes se acercan a sus vecinos?

 

El rostro de la esperanza

Los tageri/taromenani tienen ahora rostro. Existen. Nadie puede negar ya su existencia. Está C., la pequeña niña que se salvó del asalto, que fue capturada, que vivió ocho meses en la comunidad de Yarentaro y que ahora vive en otra comunidad, a buen recaudo. C. está contenta. Es preciosa. De ojos enormes. Le gusta mucho cantar, canta como un pajarito. Es muy trabajadora. Y ahora ha aprendido a escribir su nombre y lo hace con letra grande. También dibuja. Y se ha ido adaptando al mundo nuevo: ahora ya conoce los lápices y cuadernos, conoció los automóviles, la carretera, la escuela, un helicóptero por dentro… y hasta un hospital de la ciudad grande.

En ella, en sus ojos y en su recuerdo, seguramente están los secretos de la selva, de su familia, de su grupo. En ella, y en la pequeña Da, está la voz de la esperanza de un futuro mejor para los suyos, si sobreviven a la estrechez de su territorio, a sus vecinos, a las cosas de brazos largos que devoran la selva y demás caníbales que incluso vuelan por los aires en busca de sus casas (como contaba Dayuma que decían los suyos antes del contacto) y que parecen estar hambrientos de su tierra.

 


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