¿Quién mata a los tagaeri/taromenani?
Milagros Aguirre
Especial para Vanguardia
Artículo 57, numeral 21: "Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley."
Unos aplastan el gatillo. Pero hay muchos culpables, ya sea por omisiones, ya sea por falta de entendimiento de la situación de los pueblos indígenas que permanecen ocultos y que han sido ocultados en el manto verde de la selva, ya sea por intereses económicos, ya sea por intereses individuales y agendas propias.
Hoy, más que nunca, los distintos actores tienen que revisar, profundamente, sus posiciones. Están en juego muchas vidas en lo profundo del bosque. Demasiados muertos en una década. Y están dos niñas forzadas al contacto a las que hay que proteger. Habrá que intentar algunas medidas eficaces para la protección y salvaguarda de estos pueblos. Y para ello, algo tiene que cambiar.
EL ESTADO
Es obligación ineludible del Estado la protección de estos pueblos. El Estado ha incumplido con las Medidas Cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ha incumplido con la Constitución. El Estado, y sus instituciones, vienen haciéndose lo de la vista gorda frente a este problema al menos desde el 2003. En el 2006 se comprometió a acatar unas medidas cautelares para defender y garantizar la vida de estos pueblos y, hasta ahora, no ha encontrado la forma. Las contradicciones internas en el gobierno –entre algún sector ambientalista y otro sector, extractivista- han hecho que incluso, algunos funcionarios, nieguen la presencia de estos pueblos públicamente o digan que estos pueblos se pueden defender solos...
En estos últimos acontecimientos, frente a las varias alertas de una posible –y hasta comprensible- venganza, no lograron impedir la venta de armas y municiones, ni hicieron requisa alguna para controlar la situación. No se actuó de inmediato en la zona del conflicto. No hubo ninguna presencia en la comunidad de Yarentaro para calmar los ánimos de la familia waorani afectada salvo una entrega de alimentos. No se hizo ninguna reparación de víctimas ni se alertó a los waorani de los peligros de un ingreso ni de las implicaciones de entrar a matar a quienes, en ese momento, serían sus verdugos, pues habían lanceado a dos de sus más queridos personajes: Ompure y Buganey.
El Plan de Medidas Cautelares fue debilitado, se mermó su presupuesto y, con ello, se limitó su accionar. A pesar de tener información de avistamientos y de algunos acontecimientos que decían de su presencia, no tuvo ninguna capacidad de acción ni recursos para ello. Y tampoco competencias. Demasiadas instituciones con competencias distintas y contrapuestas.
El Estado y sus funcionarios han actuado igual desde hace ya toda una década: a la noticia de una muerte violenta, han reaccionado con emergencias y promesas, discursos y preocupación. Pero luego, se han olvidado de actuar hasta que una nueva muerte violenta se de en la selva. La misma historia, repetida, en estos diez años, al menos diez veces. Ante cada hecho se ha reaccionado como si fuera la primera vez, como si acabaran de descubrir el proble,a. La Comisión Interministerial se había reunido solo una vez desde las muertes del 2009 (cuando una mujer campesina y sus dos hijos fueron lanceados). Y se ha defendido en papel, enunciando algunas leyes o algunas dádivas a los waorani. Y el papel es letra muerta mientras no haya protocolos de actuación para todos los actores de la zona, controles en la zona, procesos educativos sostenidos, ordenamiento territorial, reglas mínimas de convivencia en un territorio cada vez más minado y reducido, tanto para el pueblo waorani como para los pueblos tagaeri/taromenani.
LA FISCALIA
La Fiscalía no ha podido investigar, al menos, desde el 2003, nada referente a las agresiones a estos pueblos. No ha llamado ni siquiera a declarar, a quienes han actuado ilegalmente en el territorio waorani-zona intangible tagaeri-taromenani. No ha llamado a declarar a patrones de la madera ilegal que han hecho su agosto con el cedro y la caoba y han mandado, en calidad de esclavos, a motosierristas a arriesgar incluso su propia vida. No ha llamado a declarar a responsables de las compañías petroleras que, ha sabiendas de la existencia de estos grupos, han ocultado su presencia. Tampoco ha llamado a declarar a funcionarios que han entregado licencias ambientales en lugares donde no debía. Y tampoco ha llamado a declarar a algunos waorani que han tenido negocios con la madera o con el petróleo y que han hecho numerosas incursiones en busca de los tagaeri/taromenani. Teniendo información, tampoco ha llamado a declarar a campesinos que tienen posesión sobre lanzas de estos grupos, es decir, que probablemente incursionaron también sobre el territorio y, quien sabe, si también mataron a alguno. Tampoco ha llamado a declarar a quienes venden armas (carabinas, escopetas, municiones, dinamita). Es decir, la Fiscalía, buscando culpables entre quienes “no tienen cédulas de identidad”, buscando hacer autopsias sobre cuerpos lanceados para decir “murieron con arma cortopunzante” o lavando con agua oxigenada la punta de una lanza para descubrir lo increíble: restos de sangre humana, no ha avanzado ni un milímetro en una investigación seria y profunda.
LAS COMPAÑIAS
Han hecho caso omiso al Código de Conducta firmado y aceptado. Han ocultado la presencia de estos grupos y no han transparentado sus protocolos propios de actuación frente a la presencia o avistamiento en lugares cercanos a su operación. En el mejor de los casos, ha notificado algunos hechos al Ministerio de Justicia/Plan de Medidas Cautelares, para que sean ellos los que actúen como mandan la Constitución y las leyes. En el peor de los casos, han ignorado disposiciones como las de parar la operación en casos de avistamientos, peor aún, en caso de hechos violentos.
LA DIRIGENCIA WAORANI
El día 26 de marzo algunos dirigentes waorani se reunieron en Miwaguno para analizar el tema. Se reunieron en una comunidad lejana a la de los acontecimientos y solicitaron manejar el Plan de Medidas Cautelares. Pocos días más tarde ocurrió lo inevitable: la expedición que había ido a la selva, consumó la venganza y además capturó a dos niñas. La dirigencia evidentemente queda debilitada. ¿Cómo van los waorani a proteger a unos pueblos a los que, al menos en dos ocasiones, 2003 y 2013, han atacado y dado muerte? La dirigencia ahora habla de justicia indígena, igual que en el 2003, de que es un asunto interno, entre ellos, cubriendo los sangrientos hechos con el manto del olvido de esta guerra desigual entre lanzas contra escopetas. La dirigencia no hizo ningún llamado de paz ni tranquilidad a la familia afectada por el conflicto, ni un acompañamiento mínimo desde que ocurrieron los hechos de la muerte de Ompure y Buganey. Tampoco exigió al Estado que lo haga: su accionar se limitó a la retórica y a algunos justos pedidos: reparación de víctimas, prohibición de entregar licencias ni títulos en el territorio waorani.
La dirigencia waorani no tuvo ninguna incidencia sobre el accionar de una familia que, movida por el miedo y la venganza, actuó sola y a la que dejaron actuar. Tampoco se ha propuesto ninguna mínima sanción a quienes han incumplido reglas mínimas de convivencia, ni antes, ni hoy. La dirigencia se ha limitado a enunciar los derechos de su nacionalidad pero no ha hecho nada por reflexionar sobre sus obligaciones.
LA SOCIEDAD CIVIL
La sociedad civil organizada tampoco ha sabido reaccionar, salvo cuando los hechos violentos suceden. Y lo ha hecho a través de una guerra de bonitos comunicados, en rechazo a un solo chivo expiatorio: el petróleo. Sin embargo, desde la sociedad civil no hay ninguna propuesta, salvo el enunciado general de un cambio de modelo económico, que suena bien y bonito, pero que parece imposible, en un país tan dependiente de la extracción petrolera y con tantos proyectos nuevos para la explotación y exploración en el Yasuní y en el territorio waorani. Ha acusado al Estado, pero “El Estado” viene a ser una entelequia, nadie culpable, nadie cómplice, nadie encubridor de los acontecimientos de sangre y muerte.
La sociedad civil ha olvidado o ignorado a otros actores que tienen que ver con el conflicto y que ejercen presión cada vez mayor sobre el bosque: madereros ilegales, cazadores furtivos, campamentos y laboratorios de droga, incursiones y agresiones de todo tipo, sobrevuelos constantes, incumplimiento de mínimos estándares ambientales para la operación, negociaciones oscuras, firma de convenios tramposos que se han hecho firmar a los waorani –y también a kichwas- ya sea con compañías, ya sea con instituciones del Estado. De eso, ni una palabra.
LA PRENSA
La prensa no ha hecho ninguna labor educativa o de sensibilización frente al tema. Tampoco ha investigado ninguno de los acontecimientos ni ha ayudado a descubrir a los actores que están detrás de estos hechos. Ha reaccionado, frente a cada hecho sangriento, con morbo, sensacionalismo y faltando al respeto, pagando incluso por fotografías escabrosas (desde la foto de una cabeza en el 2003 hasta las fotos de Ompure y Buganey), diez años después. En estos últimos acontecimientos, faltando a la mínima ética periodística, han inventado historias, han hecho montajes televisivos, poniendo sus propios guiones, a su conveniencia, en boca de personas waorani, inventando traducción a sus palabras. Ni una reflexión, ningún análisis, que permita entender la difícil convivencia entre pueblos que permanecen ocultos y pueblos waorani en contacto inicial. Ni una reflexión verdadera sobre los ingentes gastos de la campaña Yasuní sin que eso signifique ninguna mejora a la calidad de vida de los waorani y de todos los pueblos amazónicos. La prensa no ha investigado. Se ha limitado a reaccionar cuando se dan los hechos de violencia
